#lovetopía. El nuevo mundo que llevamos en nuestro corazón

09.- LA ECONOMÍA: EL FRUTO DE LA CRISIS

Una vez entendida la política económica oficial, un grupo de lovetopianos, mujeres en su mayoría, se las arregló para introducir y extender una idea revolucionaria. Declararon públicamente que las consecuencias sobre los individuos de una catástrofe económica no implicaría un riesgo real de supervivencia. La crisis financiera, en particular, podría volverse deseable si la nueva nación se organizaba para consagrar su riqueza natural en favor de la población. Potencial intelectual y manual, fuentes de energía y bienes industriales debían ponerse al servicio de las necesidades básicas para la supervivencia y el disfrute de la vida. Si se hacía así, incluso un descenso en picado del PIB podría revelarse socialmente favorable. Algo que se entiende bien cuando se reconoce la concepción lovetopiana de que "el PIB está compuesto fundamentalmente por actividades inútiles que sirven a las grandes empresas y no a la población".

En resumidas cuentas, los nuevos dirigentes defendían que no sólo habría que soportar el caos financiero sino que habría que provocarlo deliberadamente. La teoría imperante incluso afirmaba que una fuga de capitales resultaría positiva. De producirse, casi todas las empresas, fábricas, granjas y unidades de producción caerían como chinches en manos lovetopianas.

Y bastaron unas cuantas decisiones para poner esta teoría en práctica. Primero llegó la reducción de la jornada laboral, el establecimiento de una renta básica universal y la adopción del "cor" (en castellano, "corazón") como moneda nacional, en sustitución del euro. Luego, añadieron otras medidas también básicas. Por un lado, se estableció el control de precios de los alimentos, en especial de aquellos derivados de la agricultura y la pesca. Por otro, se provocó la escisión forzosa en pequeños comercios de las grandes empresas de alimentación como Mercadona, Consum y Alcampo. Se anunció una moratoria en todas las actividades de la industria del petróleo y se convino la paralización del parqué de vehículos privados. Y se implantó un paquete de draconianas leyes que, en su conjunto, han llegado a conocerse como "Las 10 Leyes".

Como era de esperar, estas decisiones provocaron la indignación general. Los grupos de presión de los distintos intereses afectados, especialmente los refugiados que habían huido del nuevo país, intentaron obligar al gobierno español a intervenir militarmente.

Sin embargo, la Independencia databa ya de varios meses. Los lovetopianos habían tenido tiempo suficiente para formar una milicia popular, equiparla con armas procedentes de USA, Francia y la República Checa y entrenarla intensivamente. Se sabía, asimismo, que habían conseguido minar, en los días posteriores a la Secesión, una serie de ciudades importantes del centro peninsular con armas atómicas fabricadas en secreto. Aunque nunca se ha clarificado qué ciudades estuvieron amenazadas, siempre se habló de Madrid y Sevilla, quizás Valladolid.

Todo lo que pudo hacer Madrid fue exigir a la OTAN el bloqueo de los puertos lovetopianos y lanzar una feroz campaña de intimidación económica y política contra Lovetopía. Finalmente, España renunció a la idea de la invasión militar.

La primera consecuencia económica para los españoles de todo lo anterior fue una oleada de liquidaciones y ventas forzosas de negocios y propiedades. Las familias de más solera de Valencia, Alicante, Granada y Málaga se vieron forzados a tratar, en condiciones desfavorables, con los representantes del nuevo régimen. Numerosas fincas, cuya legitimidad nacía de la época de la reconquista en el siglo XVI, fueron liquidadas a precio de saldo a toda prisa por sus propietarios, la mayoría nobles. Cuando no encontraron comprador, simplemente fueron entregadas a los Ayuntamientos afectados. Muchos de estos ciudadanos eligieron abandonar el nuevo país para asentarse en España y organizar una oposición al nuevo régimen. Gigantescas sociedades, habituadas a dictar sus condiciones en los Ayuntamientos y en los extintos Parlamentos Autonómicos, se encontraron de pronto mendigando indemnizaciones. Bien es conocida en España la humillación que supuso tener que explicar ante la ONU que las propiedades valían infinitamente más del valor por el que se habían declarado a Hacienda.