16.- LA JUSTICIA, LA DELINCUENCIA Y LOS CENTROS PENITENCIARIOS

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Denia, 30 de mayo de 2033. En España tendemos a pensar que la ley en Lovetopía existe sólo para enmascarar el autoritarismo del régimen. Sin embargo, un examen minucioso de la situación revela que Lovetopía mantiene muchos de los principios heredados de nuestro país y que se defienden con tesón.

La mayoría de los derechos fundamentales y principios de la Constitución española de 1978 están recogidos en la Constitución de Lovetopía de 2015, en su redacción original. Ejemplos básicos son los derechos a un trabajo digno o a una vivienda digna, o el derecho a una educación y una sanidad universal. La gran diferencia está en que en Lovetopía se cumple la legalidad constitucional y su gobierno actúa de manera coherente con la Constitución. Mientras, en España, el gobierno se ve empujado a equilibrar los intereses de las élites económicas y sus instituciones, sean éstas partidos políticos, bancos o grandes empresas, que aparecen siempre en colisión con los derechos que nuestra Constitución otorga a los ciudadanos.

De manera análoga, en Lovetopía existe una separación efectiva de poderes. El poder judicial descansa en un Consejo General que tiene su sede en la costera ciudad de Denia, en la provincia de Alicante. No existe Ministerio de Justicia ni institución gubernamental parecida. La independencia es absoluta y sus recursos económicos vienen fijados por un porcentaje fijo de los ingresos generales del gobierno.

"En su conjunto, el sistema de justicia está formado sólo por jueces que han superado con éxito la carrera judicial", me dijo un funcionario durante la entrevista que mantuvimos. "El tercer turno fue suprimido. Aquí en Lovetopía se desconoce este mecanismo, habitual antes de la Independencia y aún vigente en España, que permite a los partidos políticos nombrar jueces a dedo. Los juristas oficiales la justificaban como la manera de introducir la costumbre y la tradición en la vida judicial y superar una carestía de jueces de carrera. Pero, en realidad, se utilizaba para que partidos políticos designasen jueces amigos a los que acudir para conseguir favoritismos. O lo que era peor, cometían delitos campando a sus anchas sin el control del poder judicial".

El aforamiento de políticos, sean estos miembros del gobierno, parlamentarios y altos cargos de la vida pública, fue abolido después de la Independencia. Los lovetopianos mantienen la opinión de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, sin excepción alguna. Pero cuando se refieren a políticos y cargos públicos, creen que su responsabilidad es mayor y la justicia debe actuar con especial determinación. Cuando un cargo público comete un delito, el asunto se convierte en prioridad para el tribunal y el juez se dedica con abundancia de medios.

"La situación heredada de España se consideró escandalosa. Al nombramiento de los altos jueces por los partidos políticos, había que añadir el control de los medios a disposición de los tribunales ejercido por el Ministerio de Justicia, el aforamiento y el sistema de tercer turno", dijo mi informador. "La independencia del poder judicial no existía y los políticos y sus amigos estaban por encima de la ley".

Los lovetopianos, como los españoles, mantienen numerosos tribunales, notarías y registros públicos donde ventilan todo tipo de discusiones. En este ámbito, la presencia de la tecnología lovetopiana también es extraordinaria. Según me han informado, utilizan una aplicación digital análoga a una red social exclusiva para juristas. Es accesible desde cualquier dispositivo y permite que los abogados de las partes aporten sus escritos y recaben pruebas periciales y testimonios en cuestión de días, sino horas. En este proceso, hacen partícipes a los notarios y los registradores afectados.

"Toda la información llega a los jueces, que resuelven con diligencia y comunican digitalmente con las partes, con acceso contextualizado a las leyes y a la jurisprudencia de referencia", me comentó un Secretario de un tribunal. "La prescripción de un asunto por quedar fuera de plazo, tan habitual y recurrente en su país, nunca se produce. Aunque está detalladamente recogida en nuestras Leyes".

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