El Cártel de Medellín sembró el pánico colocando coches bomba en las principales ciudades para obligar al gobierno a abolir la extradición de colombianos a Estados Unidos.
Sus sicarios protagonizaron multitud de atentados y asesinatos, algunos de ellos masivos, que conmovieron a la opinión pública mundial.
En 1989, en un atentado contra la sede del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), perdieron la vida alrededor de setenta personas.
El director del incorruptible diario El Espectador, Guillermo Cano, fue asesinado en 1986.
La misma suerte corrieron tres de los candidatos a los comicios presidenciales de 1990: el citado Luis Carlos Galán en 1989, y, un año después, Carlos Pizarro Leongómez, líder del M-19, y Bernardo Jaramillo Ossa, líder de la Unión Patriótica.
Finalmente, durante la presidencia de César Gaviria (1990-1994) se aprobó la Constitución de 1991, en la que quedaba prohibida la extradición de ciudadanos colombianos. La inclusión de esta norma, que molestó a los Estados Unidos, suponía una garantía de máximo nivel jurídico, y dio pie para que Pablo Escobar y otros miembros del Cártel de Medellín, como los hermanos Ochoa, decidieran entregarse a la justicia colombiana.
