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EFECTOS DE LA SENTENCIA CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

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AUTOR:

DRA. LILIANA ROMERO

EFECTOS DE LA SENTENCIA CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

COLABORADORES: 

ROMERO ROMMEL YDLER MILLY ARAGONÉS MARGARITA BENNERS ANDRES CANELON ERNESTO GARCIA WILFREDO LEON CARLOS LORETO ILEM RIOS FRANCISCO ROMERO ELOY

Caracas, julio de 2011

“El Juez debe armonizar el interés general en la estabilidad del orden jurídico con el individual de la protección de los derechos del recurrente” POLANCO ALCÁNTARA.

 INTRODUCCIÓN

El contencioso administrativo nació del principio de separación de las funciones administrativas y judiciales, afirmado en la Ley 11-24 Agosto de 1790, dictada luego de la caída de la monarquía francesa, aparece como una jurisdicción que terminó siendo independiente del orden judicial, sistema de justicia que sirvió de modelo a los diversos Estados de régimen administrativo.1 Al quedar la Administración en una posición jerárquica similar a la de los jueces y a la vez excluida de su control, se configuró el contencioso administrativo, no como un control judicial sino como un autocontrol administrativo. Esta primera etapa, en la cual el Conseil d´Etat fungía solo como un órgano consultivo, se conoce como la época de la ―justicia retenida‖.3 Desde un primer momento, el contencioso administrativo se configuró como un sistema de control de la legalidad objetiva de los actos administrativos dictados por los órganos del Poder público. En ese sentido, el juez contencioso administrativo solo se limitaba a verificar la legalidad de los actos dictados en razón del ius imperium, sin entrar a considerar la posición jurídica del recurrente. La sentencia del juez contencioso administrativo tan solo declaraba la legitimidad del acto. Esto trajo varias consecuencias: En primer lugar, ante las omisiones; el juez no tenía radio de acción, era completamente incompetente, ya que solo conocía de los actos dictados por la Administración y nunca por su actividad o funcionamiento en el sentido lato de la expresión. En segundo lugar tampoco permitía al particular defenderse ante los daños causados por la Administración, Así, no se trataba de un verdadero proceso entre partes, sino un mero proceso al acto. La sentencia sólo podía concluir en la simple anulación del acto administrativo impugnado y no en la declaración de ningún derecho, ni aún de una indemnización, a favor del recurrente, y mucho menos en la condena de cualquier especie dirigida a la Administración como sujeto, la cual propiamente, no sería verdaderamente parte en el sentido procesal de la expresión. El cambio de concepción deviene de la entrada en vigencia de la figura de la tutela judicial efectiva, la cual proviene del Estado de Derecho. La tutela judicial efectiva viene a ser un derecho fundamental mediante el cual se le garantiza a todo ciudadano el respeto y la protección de sus derechos a través de los órganos de justicia. 4 La tutela judicial efectiva se configura como un derecho subjetivo de carácter prestacional frente al Estado, que además por su indudable relevancia, ha adquirido jerarquía de derecho fundamental, al ser contemplada en gran parte de las constituciones contemporáneas y en tratados internacionales de derechos humanos, especialmente a partir de la segunda guerra mundial. Frente a la concepción de la función jurisdiccional que negaba la posibilidad de que una sentencia sea ejecutable incluso por la fuerza, se impuso la presión de los textos constitucionales y las propias leyes de los países democráticos y de avanzada, entre los cuales se encuentra Venezuela, por una noción moderna y mucho más garantista en cuanto a la efectividad de las resoluciones judiciales. Basada fundamentalmente en la concepción de la Tutela Judicial Efectiva, que generó la posibilidad de que la jurisdicción administrativa dictara condenas de hacer contra la administración, rompiéndose de esta manera, con el modelo tradicional del contencioso como un proceso al acto. Es decir, que a partir de este momento el criterio que tiene vigencia en la mayor parte de los ordenamientos jurídicos, es la potestad que tienen los tribunales administrativos, como competencia jurisdiccional irrenunciable, de dictar comportamientos a la administración de hacer o no hacer y de, inclusive, llegar hasta sustituirla, cuando ésta se muestre contumaz a obedecer. En Venezuela a partir del año 1999, se produjo la llamada constitucionalización de la justicia administrativa, la cual implicó la adición de su función subjetiva o de tutela judicial de los administrados a su función tradicional u objetiva de control de la legalidad de la Administración Pública. En atención a lo plasmado en el artículo 259 de la Carta Magna, ésta no sólo ha de dar cabida a toda pretensión, sino que, además, debe garantizar la eficacia de su tratamiento procesal y en consecuencia, atender al procedimiento que más se ajuste a las exigencias de la naturaleza y urgencia de dicha pretensión. En tal sentido, enfatizaremos nuestro análisis, según la nueva concepción que tiene la justicia administrativa, en el derecho que tiene el recurrente a que el fallo judicial se cumpla, de que sea repuesto su derecho, que sea compensado, por ello se tocara el tema de la ejecución de la sentencia administrativa, sus fundamentos constitucionales y legales, efectos ejecutivos de las sentencias, procedimiento, efectos de las sentencias en el tiempo, criterios jurisprudenciales relacionados con el tema, así como el examen de los privilegios y prerrogativas de que goza la administración.

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